La crisis que actualmente atraviesa Uruguay con respecto a las reservas de agua potable llevó a que se declarara la emergencia hídrica para Montevideo y la zona metropolitana. A pesar de que para muchos este panorama puede parecer lejano, esta situación pone de manifiesto la importancia que tiene llevar adelante una adecuada gestión del recurso hídrico para evitar escenarios catastróficos.
En este sentido, es imprescindible que tanto los Estados como la sociedad civil comprendan que, tal como fue establecido por las Naciones Unidas, el agua es un derecho humano y que la falta de este recurso no solamente altera las actividades económicas y productivas, sino que también pone en jaque la biodiversidad y la salud de la población.
El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), define a la emergencia hídrica como el estado declarado por las autoridades públicas en situaciones de sequía o inundación catastróficas, que demanda acciones urgentes para enfrentar estos hechos críticos de carácter excepcional.
Lejos de ser una problemática menor, la emergencia hídrica conlleva graves consecuencias para la agricultura, la industria, el medio ambiente y las personas, causando escasez de agua potable, disminución de la cantidad de agua para fines productivos, problemas de riesgo para los cultivos y pérdida de biodiversidad, entre otros inconvenientes.
Para evitar llegar a una situación de emergencia hídrica, es fundamental que las autoridades (regionales, estatales y nacionales) lleven a cabo medidas apuntadas a gestionar y conservar el agua y promover un futuro sostenible, como, por ejemplo, fomentar el uso racional , adoptar políticas eficientes de administración del recurso y mejorar la infraestructura hídrica.
En los últimos meses, la calidad del agua corriente de la capital de Uruguay y las ciudades aledañas empeoró debido a que el embalse de Canelón Grande se secó por falta de lluvias, y a que la principal reserva dulce del sur de ese país (el embalse de Paso Severino) prácticamente llegó a agotarse.
Frente a este problema, el gobierno uruguayo decidió mezclar agua dulce con agua del Río de la Plata, haciendo que el agua que sale de los grifos contenga niveles de cloruros y sodio que exceden las normas establecidas por el Ministerio de Salud Pública del Uruguay.
Pero, ¿la grave sequía es la única responsable de esta emergencia hídrica? La respuesta es no. El país que posee el río más ancho del mundo y que postula el acceso al agua potable como un derecho humano fundamental en su Constitución, enfrenta esta situación debido a la falta de inversión y previsión en materia de disponibilidad de recurso hídrico.
De hecho, el embalse de Paso Severino, inaugurado en 1987, fue la última gran obra realizada con miras a aumentar la capacidad de suministro de agua. Si bien hubo dos proyectos importantes para construir un embalse y una planta potabilizadora, los vaivenes políticos pospusieron su puesta en marcha.
A diferencia de lo que está ocurriendo en el país vecino, en 2004 en España el área de Gobierno de Medio Ambiente y Servicios a la ciudad de Madrid llevó adelante el Plan Municipal de Gestión de Agua, instrumento que preveía la puesta en marcha de diversas líneas de actuación plasmadas en programas de ahorro, eficiencia, gestión, actuación frente a la sequía, difusión y financiación, entre otros.
Si bien fue elaborado para el periodo comprendido entre 2005 y 2011, su eficiencia para evitar situaciones de emergencia hídrica fue tal que muchas de las medidas allí reflejadas continúan en vigencia.
Según cifras oficiales, actualmente más del 80% de la población argentina tiene acceso a agua potable. Sin embargo, tal como se observa en la coyuntura uruguaya, la planificación es la base del éxito.
Por eso, para cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 6 de las Naciones Unidas (garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos) y para evitar inconvenientes futuros con el suministro y la disponibilidad del recurso que puedan derivar en una emergencia hídrica, es indispensable la acción del sector público y privado.
En este sentido, destacamos la situación que atraviesa el río Paraná en todo el tramo argentino, que corresponde a aguas bajas con tendencia oscilante. Si bien este escenario responde a múltiples factores, la gestión hídrica y la coparticipación internacional son aspectos fundamentales.
De hecho, el caudal de este afluente (que se comparte con Brasil y Paraguay) hubiera alcanzado niveles más bajos de no haber existido represas brasileñas o embalses compartidos entre los estados, como Itaipú y Yacyretá. En este sentido, las represas son un elemento clave para regular la concurrencia de caudales extremos y elevar los caudales mínimos.
Por otro lado, el sector privado también cumple un papel determinante.
En Ecopreneur contribuimos con nuestros conocimientos y experiencia para fomentar una adecuada gestión del recurso hídrico. Por eso, ofrecemos plantas potabilizadoras, plantas compactas para tratamiento de agua, sistemas de desalinización, sistemas de reuso, entre otras iniciativas, que resultan soluciones efectivas para atender los requisitos de consumo de los años venideros.
Una de ellas es la planta potabilizadora de Gualeguaychú, localizada en terrenos Municipales, que toma agua del río Gualeguaychú. Dado que su capacidad de producción no resulta suficiente para los requisitos poblacionales futuros, se planteó una ampliación.
Por otro lado, la Planta de agua Patagonia que abastece a la ciudad de Bahía Blanca y las localidades de General Cerri e Ingeniero White, que se encuentra actualmente en etapa de ampliación con el fin de adecuar las instalaciones a las nuevas condiciones del agua aportada por el dique Paso de las Piedras.
Además de la Planta de Agua de la localidad de Guaminí que estará operativa el mes próximo. La misma beneficiará a aproximadamente 8.000 habitantes entre beneficiarios directos e indirectos.
La emergencia hídrica es una situación límite que puede y debe ser evitada. El camino para lograrlo requiere de la colaboración y el trabajo conjunto de las autoridades gubernamentales y las organizaciones del sector privado.
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